El projecte conegut com Eixample Nord, impulsat per l’equip de govern per a projectar el creixement del municipi cap al Nord, preveu demolir un conjunt d’habitatges que formen el denominat Barri Nord i alguns habitatges del Carrer Major de El Prat.

Diverses informacions publicades per l’equip de govern municipal basen el creixement de El Prat en l’elevació de terres que permetrà en el futur cobrir l’actual C-31 i per a la creació d’aquesta pendent, plantegen demolir el conjunt d’habitatges del Barri Nord. A més a més, a una maqueta editada recentment per l’Ajuntament del Prat, els actuals habitatges apareixen substituïts per a solars destinats a futurs equipaments públics i habitatges nous, fet que evidencia que hi ha una inequívoca voluntat de demolir el citat conjunt d’habitatges. També es pot observar una modificació en el traçat del Carrer Major, afectant a alguns habitatges més.

Encara que l’equip de govern municipal ha manifestat la predisposició al diàleg amb els veïns, no cessa de comunicar que en un futur immediat aquest conjunt històric d’habitatges serà derruït, tot i que els veïns afectats es manifesta pública i rotundament en contra d’aquest pla urbanístic que planteja l’Ajuntament de El Prat. En definitiva, la posició de l’Ajuntament no es pot basar en la pressió continua al veïns.

Des del Grup Municipal Popular pensem que és perfectament compatible el creixement de la nostra ciutat cap al nord amb el manteniment e integració natural del Barri Nord i respectant l’actual traçat del Carrer Major, tal i com han defensat diversos informes tècnics encarregats pel mateix Ajuntament del Prat, entre d’altres els del reconegut arquitecte Rafael de Cáceres.

D’un altra banda, pensem que és inadmissible que s’informi al conjunt de la ciutadania de El Prat sobre futurs plans d’ordenació urbanística del Barri Nord i del Carrer Major, sense haver-hi assolit cap tipus d’acord amb els veïns afectats i per tant, sense la seva autorització prèvia. Davant d’aquesta situació i del fet de què els veïns afectats no han demanat cap reparcelació, tenim la sensació de què per a demolir aquest conjunt d’habitatges, l’equip de govern està basant la seva actuació en pràctiques irrespectuoses.

L’article 9.3, sobre directrius per al planejament urbanístic, diu : “El planejament urbanístic ha de preservar els valors paisatgístics d’interès especial, el sòl d’alt valor agrícola, el patrimoni cultural i la identitat dels municipis, i ha d’incorporar les prescripcions adequades perquè les construccions i les instal·lacions s’adaptin a l’ambient on estiguin situades o bé on s’hagin de construir i no comportin un demèrit per als edificis o les restes de caràcter històric, artístic, tradicional o arqueològic existents a l’entorn”.

Un servicio de correos eficiente es una condición necesaria para el buen desarrollo de las relaciones sociales y comerciales de cualquier comunidad. La recepción en tiempo y forma de avisos, comunicaciones, información en el envío y recepción de paquetes y cartas forman parte de la vida social, institucional y económica de una sociedad moderna.

En España estos servicios los ofrecen en parte el servicio público de correos – por medio de la entidad pública de Correos y Telégrafos que depende del Ministerio de Fomento- y en parte de empresas privadas.

En El Prat, desde hace años percibimos un importante descontento por la calidad del servicio de correos ofrecido por el Ministerio de Fomento, produciéndose numerosas quejas y demandas por parte de ciudadanos, empresas e instituciones que no han hecho mejorar el servicio.

A través de la siguiente propuesta hemos solicitado el control de los pisos patera de nuestra ciudad:

Atendiendo que reconocemos y valoramos las aportaciones de todo tipo que los inmigrantes traen a la sociedad española. Reconocemos y valoramos su esfuerzo, su trabajo y sus deseos de vivir en nuestra comunidad.

Atendiendo que reiteramos nuestro compromiso por seguir trabajando por una inmigración regulada, ordenada, legal, ajustada a la capacidad real de absorción y a las necesidades reales de nuestra sociedad. Insistimos en la necesidad de regular la inmigración a través de los cauces legalmente establecidos, con procedimientos claros, estables, ordinarios y conocidos por todos.

En los últimos tiempos estamos viviendo una verdadera tragedia humana ante la oleada de inmigrantes que intentan llegar a nuestras costas en busca de una mejor expectativa de vida. Este doloroso fenómeno no le resta importancia al hecho de que también decenas de miles de personas entran ilegalmente a través de nuestros aeropuertos y fronteras terrestres.

Constatamos, con preocupación, que, en el último año y medio, se ha ido produciendo –en la opinión pública- un gran aumento de la percepción de la inmigración como uno de los principales problemas de España.

En este sentido, no podemos obviar que muchos ciudadanos y administraciones temen que se vea desbordada nuestra capacidad de absorber este importante flujo migratorio, hecho que puede poner en peligro nuestro sistema público en áreas como servicios educativos, sociales, sanitarios, seguridad ciudadana y de vivienda.

Muchos ayuntamientos empiezan a constatar la dificultad de dar solución, entre otros aspectos, a la sobreexplotación de pisos y la conversión de locales comerciales en viviendas, sin que éstos tengan las mínimas condiciones ni cédulas de habitabilidad. Evidentemente, este fenómeno genera problemas de convivencia, sanitarios y de seguridad en las viviendas.

Atendiendo que los Ayuntamientos no tienen capacidad normativa para introducir limitaciones al empadronamiento de personas, más allá de lo dispuesto por la legislación del Estado. Esta legislación no contempla ninguna limitación concreta sobre el número de personas que se pueden empadronar en una vivienda. No obstante el padrón municipal de habitantes es un valioso instrumento para llevar a cabo una política selectiva de inspección y control de las condiciones sanitarias en las que se desarrolla la vida interior de estas viviendas.

Atendiendo que los Ayuntamientos tienen capacidad inspectora general en materia de conservación, uso y condiciones de habitabilidad de las viviendas.

Atendiendo que en nuestra ciudad hay 179 viviendas donde viven 7 personas, 117 donde viven 8 y 122 donde viven 9 o más personas. Ésta distribución de la población por viviendas ha ido creciendo de manera notable en paralelo al empadronamiento de personas extranjeras en nuestra ciudad.

Es por todo esto que el Grupo Municipal del Partido Popular somete a la consideración de próximo pleno municipal la adopción de los siguientes

ACUERDOS

Primero.- Instar al Gobierno de España y a la Generalitat de Catalunya a modificar la legislación actual de manera que regule el empadronamiento, determinando el número máximo de personas que se pueden empadronar en una vivienda en función de las condiciones contempladas en su cédula de habitabilidad.

Segundo.- Instar a la Generalitat de Catalunya a que modifique el actual marco legal para que los Ayuntamientos puedan efectuar inspecciones y aplicar un régimen sancionador sobre locales comerciales y viviendas sobreocupadas.

Tercero.- Instar al Ayuntamiento de El Prat a que efectúe un control sanitario, de seguridad y de convivencia en las viviendas donde están empadronadas siete o más personas, sin relación familiar directa.

Cuarto.- Comunicar este acuerdo a la Federació de Municipis de Catalunya, a la Associació Catalana de Municipis, a la Federación Española de Municipios y Provincias, a la Generalitat de Catalunya, a los Grupos Parlamentarios del Parlament de Catalunya, al Gobierno de España y a los Grupos Parlamentarios del Congreso de los Diputados.